Asistencia contra procesos de expulsión en materia de extranjería

La asistencia jurídica en procesos de expulsión es un derecho fundamental reconocido a toda persona extranjera que se enfrenta a un procedimiento sancionador que puede derivar en su salida obligatoria del territorio español. El sistema jurídico español garantiza la posibilidad de defensa y de recurso ante toda medida de expulsión, conforme a lo previsto en la nueva Ley de Extranjería de mayo de 2025, el Real Decreto 1155/2024 y las directrices emitidas por la Dirección General de Migraciones (DGM).

Qué es un proceso de expulsión

Un proceso de expulsión es un procedimiento administrativo sancionador mediante el cual la Administración impone la salida forzosa del extranjero del territorio español. Se inicia cuando una persona se encuentra en alguna de las causas tipificadas en la ley, como la estancia irregular, la comisión de infracciones graves o muy graves o la existencia de antecedentes penales relevantes.

El procedimiento se rige por los principios de audiencia, proporcionalidad y defensa, y debe ajustarse estrictamente a la normativa vigente. Toda persona afectada tiene derecho a ser asistida por un abogado especializado en extranjería desde el primer momento, incluso si no dispone de recursos económicos.

Motivos habituales de expulsión

Las causas más frecuentes que pueden dar lugar a un expediente de expulsión son:

• Estancia irregular en España por carecer de autorización de residencia o trabajo en vigor.
• Entrada ilegal en el territorio nacional sin cumplir los requisitos de control fronterizo.
• Comisión reiterada de infracciones administrativas en materia de extranjería.
• Condena penal por delitos graves o reincidencia en delitos leves.
• Participación en actividades contrarias al orden público o la seguridad del Estado.

La Administración debe valorar siempre la proporcionalidad de la medida, pudiendo optar por una sanción de multa en lugar de la expulsión si las circunstancias personales y familiares del extranjero lo justifican.

Derechos del extranjero en el procedimiento

Durante el proceso de expulsión, el extranjero tiene reconocidos los siguientes derechos:

• Derecho a ser informado de los hechos que se le imputan y de la normativa infringida.
• Derecho a asistencia letrada gratuita, designada por el turno de oficio si carece de medios económicos.
• Derecho a intérprete si no comprende el idioma español.
• Derecho a formular alegaciones y aportar pruebas en su defensa.
• Derecho a recurrir la resolución administrativa ante los tribunales competentes.

La falta de cumplimiento de estos derechos puede dar lugar a la nulidad del procedimiento, conforme a los criterios de la Dirección General de Migraciones y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Fases del procedimiento de expulsión

El proceso de expulsión se desarrolla mediante un procedimiento administrativo sancionador que consta de las siguientes fases:

• Inicio del expediente: por resolución de la Delegación o Subdelegación del Gobierno, notificando al interesado los hechos y fundamentos legales.
• Trámite de audiencia: el extranjero puede presentar alegaciones y aportar pruebas en un plazo de diez días.
• Propuesta de resolución: el instructor eleva un informe valorando las pruebas y circunstancias personales.
• Resolución definitiva: la autoridad competente dicta la orden de expulsión o, en su caso, sustituye la sanción por multa.

En los casos de expulsión preferente —por ejemplo, cuando el extranjero ha cometido un delito grave o se considera una amenaza para el orden público—, el procedimiento puede abreviarse, aunque siempre debe garantizarse la asistencia letrada.

Asistencia letrada y defensa

El papel del abogado en estos procedimientos es esencial. La asistencia jurídica especializada permite analizar la legalidad del expediente, valorar si existen defectos de forma o de motivación y preparar la estrategia de defensa más adecuada.

Entre las actuaciones más habituales se incluyen:

• Comprobar la regularidad del procedimiento y de las notificaciones.
• Solicitar la sustitución de la expulsión por multa en casos de arraigo o circunstancias familiares.
• Promover la suspensión cautelar de la expulsión mientras se resuelven los recursos.
• Presentar recursos de reposición o contencioso-administrativos contra la resolución final.

La nueva normativa de extranjería exige a la Administración valorar las circunstancias personales del extranjero antes de ejecutar la expulsión, especialmente si existen menores a cargo, vínculos familiares o arraigo laboral.

Recursos contra la orden de expulsión

Las resoluciones de expulsión pueden ser impugnadas por vía administrativa o judicial:

• Recurso de reposición: ante la autoridad que dictó la orden, en el plazo de un mes desde su notificación.
• Recurso contencioso-administrativo: ante el tribunal competente, en el plazo de dos meses. Permite solicitar la suspensión cautelar de la medida hasta que se dicte sentencia.

El recurso judicial es especialmente relevante, ya que permite revisar la proporcionalidad y motivación de la orden de expulsión, garantizando el respeto al derecho a la defensa y al principio de legalidad.

Medidas cautelares y suspensión de la expulsión

El abogado puede solicitar al juez la suspensión cautelar de la expulsión mientras se resuelve el recurso. Esta medida impide la ejecución inmediata de la orden, especialmente en casos donde la expulsión podría causar perjuicios irreparables, como la separación familiar o la pérdida de empleo.

La nueva Ley de Extranjería de 2025 refuerza esta garantía, estableciendo que la ejecución de la expulsión no podrá realizarse sin resolución judicial firme cuando se hayan solicitado medidas cautelares.

Intervención de la Dirección General de Migraciones

La Dirección General de Migraciones tiene competencia para emitir informes sobre la interpretación de las causas de expulsión y para supervisar el cumplimiento de los principios de proporcionalidad y legalidad. El Real Decreto 1155/2024 obliga a remitirle los expedientes cuando existan dudas sobre la aplicación de la medida, especialmente en casos de arraigo o vulnerabilidad social.

Además, la DGM ha implementado un sistema digital de seguimiento de expedientes de expulsión para garantizar la trazabilidad y transparencia del procedimiento en todo el territorio nacional.

Conclusión

La asistencia contra procesos de expulsión es una garantía esencial en el marco del derecho de extranjería. Permite proteger los derechos fundamentales de las personas extranjeras y asegurar que toda medida de expulsión cumpla con los principios de legalidad, proporcionalidad y defensa. Con la nueva Ley de Extranjería de 2025 y el Real Decreto 1155/2024, el sistema español refuerza la tutela jurídica y la transparencia en estos procedimientos, garantizando un trato justo y ajustado a derecho para todas las personas afectadas.