Asistencia y recursos contra denegaciones o inadmisiones en extranjería

La asistencia y los recursos contra denegaciones o inadmisiones constituyen un pilar esencial del derecho de defensa en materia de extranjería. En España, cualquier persona extranjera tiene derecho a impugnar las resoluciones que limiten, denieguen o extingan sus derechos de residencia, trabajo o protección internacional. La nueva Ley de Extranjería de mayo de 2025 y el Real Decreto 1155/2024 han reforzado las garantías de defensa, el acceso a la asistencia letrada y la motivación de las resoluciones administrativas.

Diferencia entre denegación e inadmisión

Antes de analizar los mecanismos de recurso, es importante distinguir los conceptos de denegación e inadmisión:

• Denegación: se produce cuando la Administración examina la solicitud del extranjero y concluye que no cumple los requisitos legales para ser concedida (por ejemplo, por falta de medios económicos o documentación insuficiente).
• Inadmisión: implica que la Administración ni siquiera entra a valorar el fondo del asunto, generalmente por defectos formales, duplicidad de solicitudes o falta de competencia del órgano que recibe la petición.

Ambos actos administrativos pueden ser recurridos, pero los plazos y la estrategia jurídica pueden variar dependiendo del tipo de resolución y del derecho afectado (residencia, asilo, reagrupación familiar, etc.).

Derecho a la asistencia letrada

Toda persona extranjera afectada por una denegación o inadmisión tiene derecho a ser asistida por un abogado especializado en derecho de extranjería. Este derecho se reconoce desde la notificación de la resolución y se extiende a todas las fases del procedimiento, incluidas las posibles actuaciones judiciales posteriores.

La asistencia jurídica garantiza que el extranjero pueda:

• Comprender los motivos de la resolución administrativa.
• Preparar un recurso fundado con argumentos jurídicos y pruebas.
• Ejercer su derecho a una defensa efectiva ante la Administración y los tribunales.

La Dirección General de Migraciones ha establecido, tras la reforma de 2025, un protocolo nacional de asistencia jurídica inmediata para personas extranjeras en situación de vulnerabilidad o con dificultades de acceso a representación legal.

Recursos administrativos: reposición y alzada

Las resoluciones de denegación o inadmisión pueden ser impugnadas mediante los recursos administrativos ordinarios previstos en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común:

• Recurso de reposición: se presenta ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de un mes desde la notificación. Permite solicitar una revisión del expediente, aportando nueva documentación o corrigiendo errores formales.
• Recurso de alzada: procede cuando la resolución no pone fin a la vía administrativa, y debe dirigirse al órgano jerárquico superior en el plazo de un mes. Es habitual en procedimientos de delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

Ambos recursos deben ser resueltos mediante resolución motivada, indicando los fundamentos jurídicos y fácticos. Si transcurren tres meses sin respuesta, se entiende desestimado por silencio administrativo.

Recurso contencioso-administrativo

Si los recursos administrativos no prosperan, el extranjero puede acudir a la vía judicial interponiendo un recurso contencioso-administrativo. Este se presenta ante los juzgados o tribunales competentes, dependiendo de la materia y del órgano que dictó la resolución.

El plazo para interponerlo es de dos meses desde la notificación de la desestimación o desde la expiración del plazo para resolver. En este procedimiento es necesaria la intervención de abogado y procurador.

El juez podrá revisar la legalidad de la resolución, valorar las pruebas, anular el acto administrativo o devolver el expediente a la Administración para que dicte una nueva resolución conforme a derecho. Además, puede acordar la suspensión cautelar de la expulsión o de los efectos negativos de la denegación mientras se tramita el proceso judicial.

Motivación y transparencia en las resoluciones

La nueva Ley de Extranjería de 2025 refuerza el deber de la Administración de motivar adecuadamente todas las resoluciones que limiten derechos de las personas extranjeras. La falta de motivación o la utilización de modelos genéricos puede constituir causa de nulidad de la resolución, según los criterios fijados por la Dirección General de Migraciones y la jurisprudencia reciente.

El Real Decreto 1155/2024 establece además la digitalización completa de los expedientes administrativos, lo que permite a los interesados acceder telemáticamente a sus resoluciones y conocer el estado de sus recursos.

Asistencia jurídica en casos de vulnerabilidad

En determinados supuestos —como los que afectan a menores, solicitantes de asilo o víctimas de violencia de género—, la Administración debe activar un protocolo de asistencia prioritaria y gratuita. Este protocolo garantiza:

• Designación inmediata de abogado especializado en extranjería.
• Traducción o interpretación en el idioma del solicitante.
• Orientación sobre plazos, recursos disponibles y efectos de las resoluciones.

La Dirección General de Migraciones y el Consejo General de la Abogacía Española colaboran para garantizar la asistencia jurídica uniforme en todo el territorio nacional, evitando disparidades entre provincias.

Medidas cautelares y suspensión de efectos

Cuando la resolución recurrida implica la salida forzosa del territorio o la pérdida de derechos de residencia o trabajo, el abogado puede solicitar la suspensión cautelar de los efectos de la resolución. Esta medida impide la ejecución inmediata hasta que el tribunal o la Administración resuelva el recurso.

Según la reforma de 2025, la suspensión será automática cuando se acredite que la ejecución podría causar un daño irreparable, especialmente en casos de menores o de solicitantes de protección internacional.

Intervención de la Dirección General de Migraciones

La Dirección General de Migraciones (DGM) desempeña un papel fundamental en la uniformidad de los criterios de aplicación. De acuerdo con el Real Decreto 1155/2024, puede emitir instrucciones vinculantes sobre cómo deben resolverse los recursos en caso de denegaciones o inadmisiones reiteradas.

Además, la DGM supervisa los plazos de resolución y la calidad de la motivación, garantizando que las autoridades competentes respeten los derechos de los extranjeros y los principios de legalidad, proporcionalidad y buena administración.

Conclusión

La asistencia y los recursos contra denegaciones o inadmisiones son mecanismos esenciales de protección de los derechos de las personas extranjeras. Gracias a la nueva Ley de Extranjería de 2025 y al Real Decreto 1155/2024, el sistema español refuerza la transparencia, la defensa jurídica y la digitalización de los procedimientos. Una adecuada asistencia letrada y el ejercicio oportuno de los recursos garantizan que toda persona extranjera tenga acceso a un proceso justo y a una revisión efectiva de las decisiones administrativas que afecten a su situación legal en España.