Recursos contra la denegación de nacionalidad española

La denegación de la nacionalidad española por residencia no pone fin al procedimiento. La legislación española reconoce al interesado el derecho a presentar recursos administrativos o judiciales contra las resoluciones desfavorables dictadas por el Ministerio de Justicia. Con la nueva Ley de Extranjería de mayo de 2025 y el Real Decreto 1155/2024, se han precisado los criterios de notificación y revisión de los expedientes, fortaleciendo las garantías de los solicitantes frente a posibles errores o valoraciones incorrectas.

Motivos más frecuentes de denegación

Las causas por las que la Administración puede denegar una solicitud de nacionalidad por residencia son diversas, aunque generalmente se agrupan en tres ámbitos:

• Falta de acreditación de residencia legal y continuada: interrupciones prolongadas fuera del territorio español o períodos sin autorización de residencia válida.
• Ausencia de integración suficiente: no haber superado las pruebas del Instituto Cervantes (DELE A2 y CCSE) o mostrar un conocimiento insuficiente de la lengua y cultura españolas durante la entrevista.
• Antecedentes penales o policiales: la existencia de condenas o registros, aunque estén cancelados, puede motivar la denegación si afectan a la valoración de buena conducta cívica.

En ocasiones, la denegación se debe también a errores administrativos, deficiencias documentales o incoherencias en la información aportada. Por ello, el recurso es una herramienta esencial para solicitar la revisión del expediente y corregir posibles interpretaciones erróneas.

Tipos de recursos contra la denegación

Existen varias vías para impugnar una denegación de nacionalidad, dependiendo del momento y del órgano ante el que se interponga. Los principales recursos son:

• Recurso potestativo de reposición, presentado ante el mismo órgano que dictó la resolución (Ministerio de Justicia).
• Recurso contencioso-administrativo, interpuesto ante la Audiencia Nacional en caso de desestimación o silencio administrativo.
• Recurso por silencio administrativo negativo, cuando la Administración no responde en el plazo de un año y se considera desestimada la solicitud.

Cada una de estas opciones tiene efectos y plazos diferentes, por lo que es importante analizar la estrategia más adecuada según las circunstancias del expediente.

Recurso de reposición

El recurso de reposición es un procedimiento administrativo que permite solicitar al Ministerio de Justicia la revisión de su propia resolución antes de acudir a los tribunales. Es un paso opcional, pero en muchos casos resulta recomendable por su rapidez y bajo coste.

• Plazo: debe presentarse en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la notificación de la denegación.
• Órgano competente: la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
• Contenido: debe incluir los motivos de impugnación, las pruebas o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos y la solicitud de revisión de la resolución.

El Ministerio tiene un plazo de tres meses para resolver el recurso. Si transcurre ese tiempo sin respuesta, se entenderá desestimado por silencio administrativo, quedando abierta la vía judicial.

Recurso contencioso-administrativo

Si el recurso de reposición es rechazado o no se presenta, el interesado puede acudir a la vía judicial mediante un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Este procedimiento permite que un tribunal independiente revise la actuación de la Administración.

• Plazo: se dispone de dos meses desde la notificación de la resolución denegatoria o desde la desestimación presunta del recurso de reposición.
• Representación: se requiere la intervención de abogado y procurador.
• Documentación: copia íntegra del expediente administrativo, la resolución impugnada y las pruebas que acrediten el cumplimiento de los requisitos de nacionalidad.

Durante el proceso judicial, el tribunal puede requerir a la Administración que aporte los informes y documentos que sirvieron de base a la denegación. El objetivo es verificar si la resolución fue ajustada a derecho o si existió defecto en la motivación o valoración de pruebas.

Recurso por silencio administrativo

La legislación vigente establece que, si la Administración no resuelve la solicitud de nacionalidad dentro del plazo de un año, se entiende que la solicitud ha sido denegada por silencio administrativo negativo. En ese caso, el interesado puede presentar directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, sin necesidad de esperar resolución expresa.

Esta posibilidad se ha consolidado como una de las más utilizadas, dado que muchos expedientes de nacionalidad se prolongan más allá del plazo legal. Con el nuevo Reglamento de Extranjería de 2025, la DGM y el Ministerio de Justicia han implementado sistemas de control digital para evitar retrasos, pero el recurso por silencio sigue siendo una garantía efectiva para el solicitante.

Motivos para interponer un recurso

Los argumentos más habituales para recurrir una denegación de nacionalidad son:

• Residencia legal acreditada pero no reconocida por la Administración (errores en el cómputo de plazos o ausencias).
• Cancelación de antecedentes penales que no fueron tenidos en cuenta en la valoración final.
• Integración cultural y lingüística acreditada mediante pruebas o documentos no valorados adecuadamente.
• Defectos de motivación en la resolución, especialmente cuando se deniega sin explicación suficiente.
• Errores documentales o falta de traducción oficial de certificados que ya fueron subsanados.

En todos los casos, el recurso debe estar debidamente fundamentado y apoyado en pruebas objetivas, ya que la carga de demostrar el cumplimiento de los requisitos recae sobre el solicitante.

Importancia de la asistencia letrada

La interposición de recursos en materia de nacionalidad requiere un enfoque técnico y especializado. Un abogado experto en derecho de extranjería y nacionalidad puede analizar la resolución, identificar los motivos reales de denegación y diseñar una estrategia jurídica eficaz. La experiencia profesional es clave para detectar vicios de procedimiento, errores de valoración o omisiones administrativas que justifiquen la revisión del caso.

Relación con la nueva Ley de Extranjería y el RD 1155/2024

El Real Decreto 1155/2024 y la nueva Ley de Extranjería de 2025 introducen mejoras en la gestión de expedientes de nacionalidad, especialmente en materia de digitalización, trazabilidad y control de plazos. Las instrucciones de la Dirección General de Migraciones refuerzan el derecho del interesado a acceder a su expediente y a obtener una resolución motivada y verificable.

Estas reformas buscan reducir los tiempos de tramitación y aumentar la transparencia, de modo que los recursos sean un instrumento de revisión real y no una necesidad generalizada ante la falta de respuesta administrativa.

Conclusión

Los recursos contra la denegación de nacionalidad española constituyen una garantía esencial del sistema jurídico. Permiten corregir errores, aclarar situaciones mal valoradas y asegurar que todo solicitante que cumpla los requisitos obtenga el reconocimiento de su derecho a la ciudadanía. Con la nueva normativa de extranjería de 2025, se refuerzan los mecanismos de control y revisión, garantizando un procedimiento más transparente, eficiente y respetuoso con los principios de legalidad y buena administración.